La Diputación de Tarragona ha aprobado el reparto de 70.000 euros entre distintas asociaciones. (Hay 38 diputaciones en España; hagan números.) Las cantidades que reciben dichas asociaciones van desde los 1.000 euros hasta los 20.000. Algunas de ellas van destinadas a proyectos de ayuda a países del Tercer Mundo y otras a organización de actividades de "sensibilización", que es la forma fina de decir propaganda. En la práctica se hace muy difícil distinguir dónde acaba la ayuda y dónde empieza la actividad política.
¿Por qué las llamadas organizaciones no gubernamentales no se limitan a financiarse con donaciones de particulares y empresas? Por dos razones: Porque pudiera ser que la gente eligiera que su dinero se destinara a solucionar problemas mucho más cercanos. No hace falta cruzar el océano, en efecto, para encontrar personas que se encuentran en situaciones difíciles. La segunda razón es que posiblemente recaudarían menos. Claro, a dónde vamos a parar, comparar la generosidad de un particular cualquiera con la de los políticos. No hay nada como disponer del dinero ajeno para sentir unas irrefrenables ansias de solidaridad.
Pero si cuestionable resulta esta forma de solidaridad obligatoria (nótese la contradicción) de los contribuyentes, no digamos ya cuando el empleo del dinero nada tiene que ver con la solidaridad.
El hecho incontrovertible es que la mayoría de las asociaciones subvencionadas se caracterizan por su ideología antiliberal. Así, la más beneficiada, Mediterrània, bajo su fachada estrictamente ecologista, es conocida por el izquierdismo de sus miembros, empezando por el presidente Ángel Juárez, un veterano activista vecinal y admirador del Che Guevara. La Asamblea de Cooperación por la Paz se manifiesta explícitamente a favor de las políticas "progresistas", lo cual según ellos supone la defensa de "lo público, lo colectivo, lo social". Ingeniería Sin Fronteras, pese a su denominación aparentemente neutral, muestra su adhesión a campañas contra la Organización Mundial de Comercio (en las cuales se afirma falsamente que "la liberalización está comportando más empobrecimiento y más desigualdades"), contra los transgénicos y contra los supermercados (sic). Setem-Tarragona se declara asimismo contra "modelos de vida consumistas, individualistas y competitivos". (Qué malo debe ser esto de ser competitivo: suerte que estamos lejos de Estados Unidos -28 puestos más abajo del ranking mundial.) ¿Qué decir -en fin- del Comité de Solidaridad Óscar Romero, y sus diatribas contra la "globalización neoliberal", en las cuales comparan el "capitalismo financiero" con el fascismo?
Por supuesto, todas estas organizaciones son muy libres de defender estas ideas. Pero no con mi dinero. De todos modos, tampoco debería soprendernos tanto que las administraciones financien a asociaciones cuyo objetivo, consciente o no, es reducir las libertades económicas y favorecer los controles y las prerrogativas... de la administración. Hay que reconocer que tiene su lógica.
